En cada revisión del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 (en adelante, Bruselas I), vuelve a surgir el tema de la extensión a los demandados no domiciliados en la UE. En su informe de junio de 2025, la Comisión afirmaba que «es necesario un análisis más profundo para decidir si dicha extensión debe ser objeto de una intervención legislativa».En esta sesión se consideran algunos de los factores a analizar, como, por ejemplo, la proliferación de reglamentos sectoriales aplicables a demandados de terceros países (en materia de sanciones económicas, de anti-SLAPP, etc.). Se examinan también las principales posiciones académicas (GEDIP, EAPIL), así como los efectos prácticos de una posible extensión.
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